Aunque reconoció el “fin loable” de la medida, la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) expresó hoy a la Comisión de Hacienda de la Cámara su oposición a un proyecto que persigue implementar legislación para mejorar el manejo de fondos federales mediante un proceso de mayor regulación, fiscalización y participación ciudadana.
El Proyecto de la Cámara 1230 (P.C. 1230), de la autoría de los representantes José B. Márquez Reyes y Jesús Santa Rodríguez, crearía la Ley de Potenciamiento de Fondos Federales y establecería la Comisión de Potenciamiento y Fiscalización de Fondos Federales que estaría adscrita a la OGP.
La pieza legislativa también dispone la creación del Sistema de Monitoreo y Evaluación de Fondos Federales (SMEFF), un portal cibernético para manejar el ciclo de procesamiento de solicitudes de fondos federales y la publicación de propuestas con el fin de brindar transparencia en el uso de las subvenciones.
“Estamos conscientes de la importancia de establecer reglamentación dirigida a mejorar el uso y manejo de los fondos federales en el Gobierno. Sin embargo, entendemos que el problema principal no está atado a la necesidad de más regulaciones, sino a fortalecer las estructuras existentes, brindar las herramientas necesarias a nuestros servidores públicos en cuanto a la regulación aplicable, y a la ejecución de la normativa existente”, expresó Roberto Rivera, asesor legal de la OGP.
Según la exposición de motivos de la medida, la OGP no ha emitido reglamentación vinculante alguna sobre el uso de los fondos federales y, actualmente, estas subvenciones no se someten al proceso ordinario del presupuesto a pesar de las diversas órdenes administrativas promulgadas por la agencia.
En respuesta a este señalamiento, la agencia indicó que este año modificó su estructura organizacional para incluir la nueva Directoría de Subvenciones Federales, cuya responsabilidad es asistir a diversas agencias gubernamentales y municipios en el manejo de sus fondos federales.
Asimismo, afirmó estar “enfocada” en fortalecer canales de comunicación con las entidades relacionadas al tema de fondos federales, como la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico en Washington D.C. y la Junta de Planificación, para evaluar nuevas propuestas.
En cuanto a establecer que la Comisión de Potenciamiento y Fiscalización estaría encargada de la reglamentación de los fondos federales, la OGP opinó que podría interpretarse como una “intromisión indebida” del Estado.
La agencia consideró que esta comisión también podría conllevar un reto de continuidad debido a que los nombramientos de sus miembros son de confianza y estarían sujetos a los cambios de turno en el Gobierno. De igual forma, la pieza legislativa dispone que uno de los miembros debe contar con cinco años de experiencia en el manejo y cumplimiento de subvenciones federales.
De acuerdo con la OGP, este ordenamiento pudiera crear un conflicto de interés, puesto que las personas con experiencia en el campo de fondos federales, generalmente, son consultores o asesores de algún programa federal en Puerto Rico.
La comisión sería presidida por el director de la OGP y estaría compuesta por nueve miembros provenientes de diversas entidades gubernamentales, de la Asamblea Legislativa y algunos nombrados por el Gobernador. Entre los expertos de la sociedad civil que formarán parte de la comisión se encuentran una persona economista y una persona con doctorado en política pública, planificación o política social.
No obstante, el Centro Legal de Desarrollo de Resiliencia de la Universidad de Puerto Rico (RLC, en inglés) puntualizó que la composición es “muy limitada” y repite los modelos de otros grupos que no han demostrado efectiva integración de la sociedad civil ni del conocimiento local en los procesos de planificación, implementación o fiscalización de los programas.
“La problemática principal de agrupar jefes de agencias y alguno que otro experto es que no se integra el conocimiento local práctico, el que está en la calle día a día trabajando y solucionando los problemas que se buscan resolver”, manifestó Adi Martínez Román, directora de operaciones de RLC.
“Para la efectividad de estos grupos, es indispensable que se inserten representantes de diversos sectores de la sociedad civil, líderes comunitarios, organizaciones sin fines de lucro, académicos, comerciantes y uniones”, abundó, mientras destacó la importancia de también incluir a representantes de los municipios.
A preguntas de Márquez Reyes, la OGP, el RLC y la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) coincidieron en la necesidad de implementar legislación relacionada al manejo de fondos federales en Puerto Rico, por lo que avalarían la medida luego de que atraviese una diversidad de enmiendas que mejorarían el alcance del proyecto.
“Puerto Rico, en este tema, está en una posición minoritaria con cinco estados que no tienen legislación que de alguna manera regule el proceso de manejo de fondos federales”, expresó el Legislador del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC).
“Hay otros estados, que son 15, que de alguna manera hacen algo como lo que nosotros estamos proponiendo: que haya una participación que le dé visibilidad, transparencia y estándares mínimos a ese proceso”, subrayó.
Santa Rodríguez, quien también preside la Comisión de Hacienda, resaltó que, pese a los esfuerzos del gobierno estatal, el manejo de fondos federales en Puerto Rico tiene cuatro problemas principales: continuidad, obligatoriedad, representatividad y transparencia. El legislador popular igualmente reafirmó la intención de buscar legislación que cree “consistencia” en el manejo de estas subvenciones.
“El Gobernador de Puerto Rico tiene 12.4 billones de dólares en fondos del Fondo General, pero tiene 11.5 billones de dólares que de una u otra manera son de fondos federales… Lo que estamos tratando es dar, legislativamente, no solamente dirección, sino cierto tipo de consistencia”, aseveró.
